La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética

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La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 19 de mayo 2020 el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Una normativa con la que se pretende poner los cimientos de una nueva economía más verde, más sostenible y que ayude a España a recuperarse de la crisis económica que se avecina tras la COVID-19.

La propuesta de ley incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora las aportaciones del proceso de participación pública que se inició en febrero de 2019, para que España cumpla el Acuerdo de París en línea con los compromisos de la Comisión Europea y con el Pacto Verde Europeo mediante las señales adecuadas para modernizar la economía.

Éstos son los puntos principales que afectan al sector energético que trata la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética:

Objetivos

El proyecto legislativo tiene como objetivo que España alcance la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero como muy tarde en 2050. Esto significa que España, en 2050, solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Para llegar a ello, el texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

  • En 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Con respecto a 2017, último año con datos consolidados, este esfuerzo supone retirar en torno a un 33% de las emisiones, es decir, aproximadamente una de cada tres toneladas de CO2 que se emiten en la actualidad.
  • Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable, y antes de 2030, se debe generar el 70% de la electricidad con renovables sin carbón.
  • Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.
  • Al finalizar la próxima década, como mínimo el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable.

Ya en los objetivos se intuye que esta ley presenta una clara apuesta por energías renovables y eficiencia energética como nuevos motores económicos y “descarbonizadores de la economía”.

Energías Renovables

  • Promoción del autoconsumo:

Se crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.

Así mismo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, como incorporando paneles solares en una planta eólica.

Además, se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. La idea es optimizar el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental.

  • Nueva Retribución a las renovables:

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.

Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata. Es más, con ello se busca seguridad jurídica de que se mantendrá la política de promoción de energías renovables y evitar los errores que se dieron en la anterior crisis financiera con la burbuja de los “huertos solares”, promovidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y avalados por el Real Decreto 661/2007 que garantizaba subvenciones que fueron suprimidas, dejó arruinados a miles de inversores y el futuro de las renovables muy cuestionado.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía.

A continuación, una muestra de cómo esa retribución podrá tener lugar, así como quedaría el panorama de apoyos del gobierno a las distintas tecnologías y agentes del sector energético.

Apoyos económicos y regulativos de las energías:

  • Inyección económica desde los Presupuestos Generales del Estado:

El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

En concreto para las renovables, el proyecto de ley prevé que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de las energías renovables la estimación de la recaudación anual de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esto se traduciría en los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático: “al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables”.

  • Desinversión en productos energéticos de origen fósil:

A través de planes específicos, se fomentará el uso de gases renovables, incluido el biogás, el biometano, el hidrógeno y no se prevé autorizar nuevos proyectos en energías fósiles. Es más, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

A partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

  • Control sobre las entidades del sector energético regulado:

De acuerdo con el desarrollo de la Estrategia de Descarbonización a 2050 establecida en el artículo 5, se habilita al Gobierno a requerir al operador del mercado, al operador del sistema, al transportista y a los distribuidores, definidos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, a elaborar y presentar una estrategia de descarbonización en lo referente a su ámbito de actuación.

Para terminar, he de señalar que los objetivos del proyecto de ley de Cambio Climático (PLCCTE) se alcanzarán a través de los sucesivos planes de Energía y Clima (PNIEC) que está previsto se reelaboren cada diez años. El primero de ellos, del periodo 2021-2030, prevé una inversión privada de 200.000 millones de euros y una generación de empleo entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales.  Desconozco la diferencia de 100.000 puestos de trabajo en sus previsiones, pero si menciona que “la movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, “entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros”.

Marta Merodio | Energy Consultant

By | 2020-05-26T14:37:19+00:00 mayo 26th, 2020|Categories: Destacado, Electricidad, Energía, Gas, Gas, M·Blog, Regulación|Tags: , , |Comentarios desactivados en La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética